5. La LOMLOE: novedades con respecto a la legislación anterior.

 

En mi caso me tocó pertenecer al grupo 3, donde tratamos las modificaciones que la LOMLOE hizo a la LOE respecto a la formación profesional. 

Uno de los puntos destacables de esta serie de modificaciones, es el poder que se entrega a las administraciones autonómicas, pues en varios apartados se señala que estas administraciones educativas tendrán la potestad de decidir en última instancia, aunque sea con carácter excepcional. 

Una característica que intuía, pero no sabía a ciencia cierta, era que las Comunidades Autónomas tienen la capacidad de sugerir/establecer la oferta de módulos en función de las necesidades de formación profesional en los sectores productivos de sus respectivos ámbitos territoriales. 

Otro apartado que me sorprendió fue que la LOMLOE instauró que los ciclos formativos de grado básico equivalgan a adquirir las competencias de educación secundaria obligatoria. Además, también añaden que el superar un ciclo formativo de grado básico reciban el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

De igual forma, también me asombró el hecho de que a partir de la LOMLOE se habilitan programas formativos específicos dirigidos a aquellos mayores de diecisiete años que hayan abandonado sus estudios, con el fin de permitirles la obtención de un título de formación profesional. Además, también se ofrece la posibilidad de que en el caso de abandonar la formación sin obtener la cualificación, se entrega una certificación académica donde constan las competencias adquiridas. Me parece una buena medida, ya que a la hora de buscar trabajo, pueden llegar a aportar este documento a la empresa para hacer notar las capacidades que tienen a pesar de no contar con un título que lo respalde. 

Estos serían los aspectos principales que podemos destacar respecto a las innovaciones introducidas por la LOMLOE respecto a la LOE. En general, me parecen acertados los cambios y, a destacar, señalaría la capacidad de influencia que se le otorga a las Comunidades Autónomas en favor de ajustarse a las necesidades específicas de lo que demanda cada población en concreto.